Por Luis J. L. Chigo (@NoSoyChigo) / Óscar Alarcón (@metaoscar)

Ilustraciones de Yessica Robles

Puebla, México, 8 de junio de 2020 [00:01 GMT-5] (Neotraba)

Tenía signos de tortura, golpes en la cabeza y un balazo en la pierna. Lo asesinaron. Murió por traumatismo craneoencefálico. El lunes 4 de mayo de 2020 la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos detuvo a Giovanni López porque no traía cubrebocas. Había salido a cenar cuando un grupo de policías municipales lo golpearon. Hubo amenazas a sus acompañantes. “Te voy a matar a ti”, le dijo un policía a Christian López, quien ya había comenzado a grabar la brutalidad con la que sometían a su hermano para llevárselo a los separos. No lo volvieron a ver con vida. Estaba cenando en la calle sin cubrebocas durante la pandemia de COVID-19.

¿A dónde van los desaparecidos?

El 4 de junio de 2020 se llevó a cabo una marcha en Guadalajara, que partió del Parque Rojo hasta llegar hacia el centro de la ciudad. En el Palacio de Gobierno se hicieron pintas a las paredes, se quemaron dos patrullas, se exigió justicia. Ha pasado casi un mes y es en esta fecha que se da a conocer que los policías municipales asesinaron a Giovanni. La reacción no se hace esperar. Todo esto ocurre mientras, desde hace tres meses, el coronavirus nos ha arrancado de las banquetas y nos mandó a nuestras casas. Los más valientes salen a manifestarse, caminan por el centro de la perla tapatía y emulan las marchas de nuestros vecinos: justicia para George Floyd, el joven que muriera asfixiado porque un policía le puso la rodilla sobre la garganta.

El eufemismo de “nueva normalidad” comenzó el 1 de junio. Para la mayoría de estados mexicanos, la famosa curva de contagios no está ni tan siquiera cerca como para reabrir las actividades no esenciales. México es un semáforo en rojo que nos dice, una y otra vez: #QuédateEnCasa. México es un semáforo en rojo que nos dice en qué lugares se han desatado las agresiones policiales: Jalisco, Ciudad de México, Baja California. Los hechos violentos no están justificados por nada: ni un sombrero azul en Puebla ni un cubrebocas en Jalisco.

Atendiendo con fervor las demandas.

El coordinador de seguridad de Jalisco, Macedonio Tamez Guajardo, se refiere en una entrevista a los manifestantes como “exagerados”. A pesar de las fotografías y videos existentes donde claramente se observa el uso de la fuerza excesiva para repeler la manifestación, las autoridades de dicho estado aseguran no haber llevado a cabo ningún tipo de confrontación. La normalización de la violencia no sólo se trata de un conjunto de acciones relacionadas con la sociedad, donde los niños juegan a matarse o a ser narcos; también entran en juego las declaraciones de este tipo, donde las autoridades supuestamente encargadas de resguardar la seguridad de los pobladores son las primeras en violar todo tipo de garantías individuales.

Además, hemos observado cómo la muerte de Giovanni se ha vuelto una especie de toque de balón a ras de césped político: el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se hace de palabras con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre los dos se culpabilizan del estado de inseguridad de la entidad y días después reconocen amablemente tener diferencias pero no confrontaciones.

El 06 de junio, el gobernador, a través de un tweet, informa la detención de tres elementos presuntamente responsables de la muerte de Giovanni, quien se dedicaba al oficio de albañil. Se puede apreciar en las fotografías a dos personas del sexo masculino y a una del sexo femenino. En tweets posteriores reafirma su indignación con el caso y promete justicia. Pero el municipio tiene muchos casos de abuso policial en el pasado y ninguno ha tenido resolución. Se ha cedido porque la presión no se hizo esperar y ha tomado las calles. ¿Qué pasará con todas las carpetas de investigación ignoradas hasta nuestros días en Jalisco y en el país entero donde las policías han asesinado a ciudadanos?

El presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, fue llamado a declarar ante las autoridades correspondientes y jamás se presentó.

Una bota negra.

Observamos en los últimos días, en Jalisco y en el mundo, cómo dos fenómenos van de la mano a pesar de ser heterogéneos: la pandemia y la violencia a manos de la policía. El caso de Giovanni conjunta de manera trágica ambas partes: gobernantes incapaces de garantizar el acceso universal a la salud pero ejerciendo su voluntad –despotismo basado en el gusto por el reconocimiento público– a través de las corporaciones menos adiestradas en términos de derechos humanos. Lo que pudo ser una simple invitación a acatar las indicaciones de salubridad terminó en las botas negras de casquillo impactándose en el cuerpo de un albañil.

La bota negra es hoy día el símbolo de la opresión y brutalidad con la cual el Estado está dispuesto a actuar siempre que sus intereses se vean en riesgo. No son casos aislados, en Tijuana dos policías sometieron el pasado 27 de marzo a una persona en una gasolinera. Uno de los elementos coloca la bota en el cuello del detenido por más de dos minutos y lo priva de la vida asfixiándolo, según se observa en un video ampliamente difundido. Y así podemos enumerar infinidad de casos donde el patrón se repite. Las policías municipales tienen un largo expediente que aclarar, por algo son, según las encuestas del INEGI, de las corporaciones que menos confianza generan entre la población. Corporación, como el ejército, la marina o la policía federal, utilizada en las últimas décadas para no dejarnos respirar.