Por Javier Gutiérrez Ruvalcaba

Ciudad de México, 7 de octubre de 2026 (Neotraba)

Existe una vieja tentación que reaparece cada vez que los sectores conservadores son incapaces de convencer a las mayorías: desacreditar al pueblo antes que revisar sus propias derrotas. La derecha mexicana y buena parte del aspiracionismo han vuelto a desempolvar una de las expresiones más antiguas del pensamiento oligárquico, revestida ahora con el lenguaje de la eficiencia, la meritocracia y la aparente racionalidad. Desde las redes sociales, los espacios de opinión y las conversaciones de café, resurge la propuesta de restringir el sufragio universal bajo el argumento de que solo quienes poseen estudios superiores o un conocimiento especializado del aparato estatal deberían decidir el rumbo político del país.

La tesis pretende presentarse como una sofisticada reflexión sobre la calidad de la democracia, pero apenas resiste el menor examen. En realidad, no constituye una defensa de mejores instituciones, sino una expresión descarnada de desconfianza hacia la ciudadanía. El voto deja de entenderse como un derecho inherente a la condición democrática para convertirse en una certificación académica, un privilegio reservado a quienes una minoría considera suficientemente ilustrados. Lo que aparenta ser una preocupación por la gobernabilidad encubre, en el fondo, un prejuicio de clase profundamente arraigado.

La historia demuestra, además, la fragilidad de semejante razonamiento. La formación universitaria nunca ha inmunizado a nadie contra la corrupción, el autoritarismo o la insensibilidad social. Por el contrario, muchos de los episodios más lesivos para la vida pública mexicana fueron concebidos por funcionarios cuya preparación académica resultaba incuestionable. Las privatizaciones indiscriminadas, el desmantelamiento de instituciones estratégicas, la subordinación de la política económica a intereses financieros y buena parte de las decisiones que profundizaron la desigualdad fueron diseñadas por tecnócratas formados en algunas de las universidades más prestigiosas del mundo. Sus títulos no garantizaron compromiso con el bienestar colectivo ni mayor calidad democrática.

Reducir la capacidad política de una persona al número de diplomas que cuelgan de su pared implica desconocer que la experiencia cotidiana también produce conocimiento. El campesino que comprende los ciclos de la tierra, la trabajadora que enfrenta diariamente la precariedad laboral, el comerciante que sobrevive a los vaivenes económicos o el obrero que conoce el costo real de las decisiones gubernamentales poseen saberes que ninguna aula puede sustituir. La democracia nació precisamente para reconocer que la comunidad política no pertenece a una élite ilustrada, sino al conjunto de quienes viven las consecuencias de las decisiones públicas.

No resulta casual que estas propuestas cobren fuerza cada vez que las urnas contradicen las expectativas de determinados grupos económicos y culturales. Cuando el resultado electoral coincide con sus preferencias, la voluntad popular es celebrada como expresión de madurez cívica; cuando favorece un proyecto distinto, el electorado se transforma en una multitud manipulable, ignorante o incapaz de discernir. La legitimidad democrática deja entonces de depender de las reglas y comienza a depender de la conveniencia del resultado.

En el fondo, el llamado voto calificado constituye una impugnación indirecta al principio de igualdad política. Aspira a restaurar, bajo un vocabulario contemporáneo, la antigua lógica censitaria que por siglos reservó la ciudadanía plena a los propietarios, a los hombres con determinados ingresos o a quienes pertenecían a ciertos grupos sociales. No representa una innovación institucional, sino el reciclaje de una tradición excluyente que la historia democrática ha combatido con enormes sacrificios.

Toda democracia es imperfecta porque toda sociedad también lo es. Sin embargo, su fortaleza radica precisamente en reconocer que ningún grupo posee el monopolio de la inteligencia, la virtud o la verdad. La pluralidad de voces, de experiencias y de intereses constituye su mayor riqueza, no su principal debilidad. Pretender sustituir esa diversidad por el dictamen de una minoría autoproclamada ilustrada equivale a transformar el gobierno del pueblo en una administración del privilegio.

Quizá por ello la insistencia de ciertos corifeos del conservadurismo no expresa una preocupación genuina por elevar la calidad de la vida pública. Lo que revela es una dificultad cada vez mayor para aceptar que el poder político ya no puede reclamarse como herencia natural de una clase social. Incapaces de conquistar la confianza de las mayorías mediante un proyecto convincente, buscan restringir el universo de quienes tienen derecho a decidir. Su problema nunca ha sido el funcionamiento de la democracia, sino el hecho de que la democracia concede voz y voto a quienes durante demasiado tiempo fueron excluidos de las decisiones nacionales. Esa es la auténtica incomodidad que intentan disfrazar de teoría política.

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