Por Javier Gutiérrez Ruvalcaba

Ciudad de México, 4 de mayo de 2026 (Neotraba)

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El dilema de fondo no radica en la cooperación bilateral, un mecanismo histórico, necesario y vigente en la arquitectura de las naciones modernas, sino en la ingeniería engañosa con la que Lilly Téllez intenta transmutar el intervencionismo en una supuesta voluntad democrática del pueblo mexicano. No estamos ante una propuesta de política exterior audaz, sino ante una claudicación de la soberanía nacional revestida de una retórica de conveniencia que apela al miedo para legitimar el despojo de la autodeterminación.

Afirmar que “una abrumadora mayoría respalda la cooperación” para introducir, de manera subrepticia, la viabilidad de una incursión militar de Estados Unidos en territorio mexicano no constituye un argumento sólido; es una manipulación semántica de consecuencias imprevisibles. El concepto de cooperación jamás debe confundirse con el de sumisión. Mientras la primera implica una relación horizontal de beneficios mutuos y respeto a los marcos jurídicos, la segunda supone la entrega de las llaves del hogar a un tercero con la esperanza de que este ponga orden en una sala que no le pertenece.

Diluir la frontera entre estos términos no es un simple error de apreciación, es una estrategia discursiva de alto riesgo que compromete la integridad del Estado y la dignidad de su historia.

La evidencia histórica, esa que el discurso de la senadora parece omitir con sospechosa ligereza, es implacable. Cada vez que Washington ha decidido “intervenir” en una nación bajo el estandarte de la seguridad hemisférica o la estabilización democrática, el saldo ha sido la erosión de las instituciones locales, una dependencia geopolítica asfixiante y una profunda fragmentación social que tarda décadas en sanar. De las experiencias en el Cono Sur hasta las fallidas aventuras en Oriente Medio, la constante es clara: la intervención no es medicina, es una amputación. Sugerir que México representaría la excepción a esta lógica de hierro revela, en el escenario más optimista, una candidez política alarmante; en el más cínico, una disposición manifiesta al entreguismo decimonónico.

Resulta particularmente grave que una integrante del Senado de la República –institución cuya esencia constitucional es la salvaguarda de la soberanía y la vigilancia de la política exterior– normalice la idea de que la solución a los conflictos internos deba emanar de una potencia extranjera. Es una contradicción ontológica: un representante del Estado mexicano abogando por la invalidez del propio Estado para resolver sus crisis. En especial cuando ese poder externo ha operado, por definición y mandato, bajo la estricta tutela de sus propios intereses nacionales, los cuales pocas veces coinciden con la estabilidad a largo plazo de sus vecinos.

Esa postura no es un ejercicio de pragmatismo ni una “verdad incómoda”: es una invitación a la subordinación voluntaria. México no requiere de un tutelaje neocolonial que administre sus tragedias. Lo que la realidad nacional exige son instituciones sólidas, una doctrina de seguridad propia y una responsabilidad política interna que asuma el costo de gobernar sin buscar salvadores externos. La seguridad es un bien público que se construye desde la soberanía, no un producto de importación que se adquiere a cambio de autonomía.

Apostar por el auxilio militar extranjero no es un acto de audacia ni de realismo político: es la renuncia explícita a la capacidad de autogobierno. En la praxis política, ceder la soberanía nunca ha sido un ajuste técnico ni un mal necesario. Es, invariablemente, un acto de rendición que hipoteca el futuro de la nación.

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